La guerra total de Trump y el Proyecto 2025, y el fin del "experimento americano"

- José E. Muratti Toro

En el contexto de las guerras mundiales a través de la historia, a la estrategia más efectiva se le llama "guerra total". Esta implica ataques simultáneos en múltiples o todos los frentes, militar, económico, psicológico. Su estrategia y propósito es confundir, desestabilizar y abrumar al enemigo dividiendo su atención y esparciendo los recursos y mecanismos de defensa del o los adversarios.

La guerra total puede, y usualmente utiliza, el Blitzkrieg (ataques contundentes y veloces en varios frentes a la vez, como en los ataques mecanizados relámpago de la Alemania nazi durante la II Guerra Mundial), complementado con la estrategia de distracción, en el que se crean uno o varios frentes para desviar la atención del ataque principal o los demás ataques simultáneos.

A partir del 20 de enero, Donald Trump, utilizando el libreto del Proyecto 2025 y la estrategia promovida por Stephen Bannon de "inundar el sistema" (flood the system), ha firmado 143 órdenes ejecutivas, la mayoría de las cuales se ha dilucidado en los medios que violentan el estado de derecho prevaleciente o cláusulas específicas de la Constitución.

De hecho, hasta mayo de 2025, dichas órdenes ejecutivas han sido objeto de más de 225 demandas presentadas en su contra por presuntas violaciones a la Constitución y a leyes federales o estatales. Aunque no todos los casos se han sido resueltos, múltiples tribunales federales ya han declarado inconstitucionales o ilegales algunas de estas órdenes.

Algunos ejemplos notables de violaciones legales incluyen:

a) La orden sobre la ciudadanía por nacimiento (EO 14160) que intenta eliminar la ciudadanía por nacimiento a hijos de inmigrantes indocumentados. Múltiples jueces federales la han bloqueado por violar la 14ª Enmienda. Se espera que la Corte Suprema atienda los casos consolidados en mayo de 2025; 

b) Recorte de fondos federales a ciudades santuario (EO 13768). La misma fue declarada inconstitucional por violar la 10ª Enmienda y el principio de separación de poderes;

c) Veto migratorio (en Trump 1.0) a países musulmanes (EO 13769), inicialmente anulado por violar la Primera y Quinta Enmienda, así como leyes federales de inmigración;

d) La anulación de protecciones por impacto desigual que instruyó a varias agencias federales a dejar de aplicar dichas leyes contra el discriminen cintra ciudadanos con características que se desvían de la norma hetero-anglosajona y masculina, lo cual contradice la Ley de Derechos Civiles de 1964 y precedentes de la Corte Suprema;

e) Represalias contra opositores políticos: amenazas con sancionar bufetes que representan o han representado adversarios políticos o personas acusadas o arrestadas ilegalmente, que han sido consideradas inconstitucionales por violar los derechos a la libre expresión, el debido proceso y acceso a representación legal.

Las órdenes ejecutivas contra nueve de los más poderosos bufetes considerados como adversarios, que incluían amenazas como la revocación de autorizaciones de seguridad y la cancelación de contratos federales, resultó en que estos transaran sus potenciales demandas contra la administración Trump por @ $1 billón de gastos legales pro bono, para colmo, a favor de las políticas discriminatorias contra adversarios políticos del presidente.

Las firmas legales más destacadas y las aportaciones a que se comprometieron, fueron:

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP: $40 millones en servicios pro bono y cesar iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP: $100 millones en trabajo pro bono.

Milbank LLP: $100 millones en servicios legales pro bono.

Willkie Farr & Gallagher LLP: $100 millones en trabajo pro bono.

Cadwalader, Wickersham & Taft LLP: $100 millones en servicios pro bono.

Kirkland & Ellis LLP: $125 millones en trabajo pro bono.

Latham & Watkins LLP: $125 millones en servicios legales pro bono.

Allen & Overy Shearman Sterling LLP: $125 millones en trabajo pro bono.

Simpson Thacher & Bartlett LLP: $125 millones en servicios pro bono.

Para añadirle crema al bizcocho, el viernes pasado, 2 de mayo de 2025, la organización legal America First Legal (AFL), fundada por el asesor de Trump Stephen Miller, presentó una demanda contra el presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, John Roberts, y el director de la Oficina Administrativa de los Tribunales de EEUU.

La demanda alega que tanto la Conferencia Judicial de los Estados Unidos como la Oficina Administrativa deberían considerarse agencias del poder ejecutivo, lo que le permitiría al presidente ejercer control directo sobre la administración del sistema judicial federal. 

Aunque la demanda ha sido presentada como una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA), su verdadero propósito es redefinir la estructura de separación de poderes establecida en la Constitución de los EEUU. 

De tener éxito, esta acción otorgaría al presidente autoridad para nombrar y destituir a funcionarios clave dentro del sistema judicial, lo cual representaría la cancelación de facto de la independencia de la rama judicial del gobierno federal, colocándola bajo la autoridad del presidente Donald Trump.

Los detalles se pueden apreciar en el siguiente video: 

https://youtu.be/dt4cuFBbhb4?si=STTbL2yaoql86dHf

Resulta obligatorio preguntarse si John Roberts y el Tribunal Supremo ya se habrán convencido de que el poder que le han otorgado a Trump se encamina a convertirles en sellos de goma del presidente según ya lo ha hecho con la Cámara de Representantes. 

A Alito y Thomas le importa poco pues están por retirarse y Trump nombrará dos nuevos incondicionales. Pero lo que se deben estar preguntando los jueces nombrados por Trump, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, es si estarán co-firmando el fin del "experimento americano" que el año que viene cumplirá 250 años de fundado.